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DERECHO DEL CONSUMIDOR II

Aspec: “Instituciones educativas estafaban con ofertas laborales”
Categoría: DERECHO DEL CONSUMIDOR —
Aspec: “Instituciones educativas estafaban con ofertas laborales”


Centro de Idiomas Head College e Instituto Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza ofrecían programas para trabajar en Canadá

Viernes 26 de agosto de 2011 - 08:30 pm

(Foto: Aspec)
El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, denunció ante Indecopi que dos instituciones educativas venían ofreciendo a personas falsas ofertas de trabajo en Canadá.

Tras investigar las denuncias que recibieron a fines de junio por parte de varias personas, el titular de Aspec refirió que han corroborado que el Centro de Idiomas Head College y el Instituto Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza ofertaban por US$ 7.000 programas de inserción laboral que supuestamente contaban con el respaldo del Gobierno de Canadá.

“Estas prácticas se venían realizando desde el 2009, según nos han manifestado las personas agraviadas”, comentó Cáceres a elcomercio.com.pe.

El presidente de Aspec dijo también que entre las pruebas que respaldan la denuncia están las piezas publicitarias que ambas instituciones entregaban. “En los volantes, por ejemplo, se informa que los programas estaban supervisados por el Gobierno, razón por la cual muchas personas se animaban a matricularse; pero tal aval no existía”, explicó.

De otro lado, Cáceres pidió a la población tener mucho cuidado con ofertas que demanden fuertes inversiones y por ello recomendó que antes de cualquier decisión se realice una debida información. “También es importante guardar la publicidad recibida para que quede como prueba por si fuera necesario interponer acciones legales”, acotó.

DEVUELVEN DINERO
Al consultar sobre esta denuncia con el Instituto Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza, Rosa María Poveda, asesora legal de la citada organización, indicó que el programa lo han suspendido desde diciembre del año pasado debido a que aún está gestionando unos documentos con la Embajada de Canadá.

Asimismo, Poveda detalló que el instituto ha establecido una agenda de pagos y que viene cumpliendo con la devolución del dinero de todas las personas que decidieron dejar el programa.

FUENTE: EL COMERCIO PERU

PUBLICIDAD ENGAÑOSA...

REEBOK PAGARA 18 MILLONES POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA
Categoría: DERECHO DEL CONSUMIDOR — gcornejo @ 09:52 — Visto: 150 veces
Reebok pagará 18 millones por exagerar los beneficios de sus zapatillas

La campaña de publicidad de los modelos 'EasyTone' aseguraba que ayudaban a reforzar los glúteos hasta en un 28% solo por caminar
AGENCIAS | Washington 28/09/2011


Vota Resultado 58 votos Comentarios - 23 . .La multinacional deportiva Reebok ha accedido a pagar 25 millones de dólares (18,3 millones de euros al cambio actual) para cerrar el proceso que ha abierto en su contra la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. El regulador estadounidense acusa a la filial de Adidas de publicidad engañosa en la campaña de sus zapatillas EasyTone y Runtone en la que aseguraba que este calzado reforzaba los músculos de piernas y glúteos con más intensidad que un calzado normal.

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El dinero que ha aceptado abonar Reebok, según añade la comisión en un comunicado, se destinará para reembolsos a los consumidores estadounidenses. Reebok comenzó a vender en 2009 estos modelos de zapatillas de deporte con el atractivo de que ayudaban a fortalecer las piernas y las nalgas. En el anuncio, según recuerda la oficina de protección al consumidor estadounidense, llegó a asegurar que "solo por caminar con las EasyTone se podían reforzar los músculos isquiotibiales hasta en 11% y los glúteos hasta en un 28% más que si se usase un calzado normal".

No obstante, la comisión no ha podido comprobar estos beneficios. "Dedicamos mucho tiempo a examinar las evidencias que ha presentado la compañía" pero sin éxito, ha revelado David Vladeck, director de la Comisión Federal de Comercio. La compañía, sin embargo, se mantiene en sus trece. "Hemos decidido firmar el acuerdo para evitar entrar en una batalla judicial, lo que no significa que estemos de acuerdo con las conclusiones de la Comisión", asegura Reebok en un comunicado.

"Nos reafirmamos en la tecnología EasyTone -la primera zapatilla inspirada en la gimnasia con bolas-. Hemos recibido una abrumadora respuesta entusiasta de miles de clientes, y seguimos comprometidos con el desarrollo continuo de nuestra línea de productos EasyTone", añade la multinacional en el texto.

Además, durante una rueda de prensa en Washington, Vladeck ha añadido que el caso se está utilizando a modo de ejemplo para el resto. "Los anunciantes deben asumir su responsabilidad y asegurarse de que las supuestas ventajas de sus equipos deportivos cuentan con un aval ciéntifico sólido", ha destacado el ejecutivo del regulador estadounidense, que no ha querido aclarar si otros fabricantes están siendo investigados por estos mismos motivos.

fuente: EL PAIS ESPAÑA

DERECHO DEL CONSUMIDOR

Juez bloquea imposición de imágenes de muerte en cigarrillos

Categoría: DERECHO DEL CONSUMIDOR


Juez bloquea imposición de imágenes de muerte en cigarrillos Las tabacaleras han combatido enérgicamente el cambio en los empaques de cigarrillos Una de las imágenes más polémicas propuestas para insertar en las cajas de cigarrillos es la de un fumador con traqueotomía.


Archivo Por NEDRA PICKLER - AP WASHINGTON -
Un juez bloqueó hoy la orden del gobierno que imponía que los fabricantes de cigarrillos coloquen imágenes explícitas de fumadores muertos y enfermos en sus paquetes de venta al público. El juez federal Richard Leon dictaminó que es probable que los fabricantes de cigarrillos ganen un juicio para bloquear la nueva medida. El magistrado suspendió la orden hasta que el juicio sea resuelto, lo cual tomará varios años.


Un caso similar entablado por las empresas tabaqueras contra la colocación de etiquetas está pendiente en la Corte de Apelaciones de Cincinnati, Ohio. El juez Joseph McKinley suspendió gran parte de las restricciones de publicidad de la ley en enero del 2010. El tribunal de apelaciones oyó los alegatos del caso en julio, pero se prevé que el fallo demore por varios meses.


El juez Leon señaló que hallaba que las nueve imágenes contenidas en las etiquetas aprobadas por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) se extralimitan en comunicar los hechos sobre los riesgos de salud al fumar o bordean en el activismo, una distinción crítica en un caso sobre la libertad de expresión.


La envoltura del paquete hubiera incluido imágenes de color con un hombre que exhala el humo del cigarrillo a través de un hoyo de una traqueotomía, un par de pulmones sanos junto a los de un fumador muerto o un hombre respirando con un tanque de oxígeno, entre otras imágenes explícitas. "Es ampliamente claro que la exposición de esas imágenes provocarán una respuesta emotiva que tiene como fin hacer que la persona que vea eso deje de fumar", escribió León en una opinión de 29 páginas. Matthew Myers, presidente de la Campaña para librar a los niños del tabaco instó al gobierno del presidente Barack Obama a que apele al fallo fuente: EL NUEVO DIA

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Los Informes Legales de la Oficina de Asesoría Jurídica son documentos ratificados por las gerencias técnicas que sustentan una opinión jurídica a consultas generales vinculadas con el Sistema Administrativo ,muncipal, estatal, laboral, derecho de familia, empresarial, tributario, . En el proceso de elaboración, las opiniones legales toman en cuenta diversas fuentes doctrinarias, la casuística del Tribunal Constitucional.

Las opiniones legales son escritos (típicamente en forma de carta)

preparados por el abogado de una parte (por ejemplo, el abogado

de la entidad) y dirigidos a la contraparte (alguien que lo esta privando de sus derechos, los esta desconociendo, no lo atiende con justicia,etc) con el objeto de

complementar el due diligence (proceso de investigación y análisis)

que esta última debe llevar a cabo a fin de evaluar los potenciales

riesgos legales que podrían surgir de un mal proceder.. A través de estos documentos, la contraparte es

puesta sobre aviso de la existencia de problemas que afectan su derecho, se le recuerdan las leyes que a ud lo amparan.

Cómo escoger una carrera universitaria

Estudiar una carrera es una decisión muy importante y más aún cuando se trata de elegir la carrera profesional correcta porque es el trabajo que se realizará durante toda tu vida, por tal motivo, muchos estudiantes se muestran indecisos ante tal situación.

Ante este dilema muchos alumnos que salen de las diversas instituciones educativas prefieren tomarse un tiempo para poder elegir la carrera que va acorde con sus expectativas, con su estilo de vida, con sus capacidades y aptitudes.

En cambio existen casos en donde los alumnos ya saben cuál es el camino indicado para seguir lo que más anhelan y se sienten satisfechos con el trabajo que realizan a diario y más que un trabajo se convierte en un estilo de vida que disfrutan de una manera particular.

Sin embargo, para las personas que aún no saben cuál es el camino correcto por donde deben de dirigirse deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

◦Tomarse un tiempo para analizar las posibilidades con más calma y con la información adecuada
◦No te dejes influir en tus decisiones, piensa primero si esto te conviene.
◦Es importante hacer una investigación sobre la carrera y las universidades existentes para que te sientas familiarizado con el tema.
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COMO OBTENER BECA PARA ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO...

Muchas personas que han tenido la oportunidad de viajar a otro país o ha tenido un intercambio cultural desean seguir sus estudios en el extranjero, sobre todo una beca brinda más posibilidades de no tener que hacer grandes gastos.

Asimismo, lo que más se busca de un profesional en la actualidad, es que tenga una especialización, capacitaciones constantes y tecnificación para que puedan adquirir mejores puestos de trabajo y llegar a un nivel más alto.

Becas de Postgrado y Pregrado:

Cabe destacar, que los tipos de becas más frecuentes son dos: La del pregrado y el postgrado, el primero está dirigido a egresados de educación secundaria que hayan tenido un alto rendimiento académico y que desean seguir sus estudios superiores en el extranjero.

Estas carreras profesionales tienen una duración de cuatro a cinco años y se incluye un año de estudios de idiomas, si es que se requiere hacerlo.

Las becas de postgrado, son otorgadas a bachilleres o titulados universitarios que desean especializarse en las diferentes áreas relacionadas con su profesión, mientras la becas de postgrado pueden consistir en maestría, doctorados, cursos de especialización, residencias, investigaciones, seminarios, entre otros.

Países que ofrecen becas:

De acuerdo a la Oficina de Becas y Crédito Educativo, los gobiernos que con frecuencia suelen otorgan becas de postgrado son los de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, entre otros.

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ALVISEGPERU- TRAMITE DE APOSTILLA DE LA HAYA

ALVISEGPERU DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS

A TODOS LOS ALUMNOS EGRESADOS DE ; ECUADOR, MEXICO, ARGENTINA, ESPAÑA, CHILE, ESTADOS UNIDOS, COLOMBIA, DE LOS AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

ALVISEGPERU LOS EXHORTA A ENVIARNOS SUS DIPLOMAS Y CERTIFICADOS, PARA NOSOTROS HACERLES PONER :

APOSTILLA DE LA HAYA- MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE PERU.

ESTE TRAMITE PERMITE LEGALIZAR EL DOCUMENTO A FIN DE QUE SEAN VALIDOS EN SUS PAISES DE ORIGEN.

EL COSTO DEL TRAMITE ES DE 100 DOLARES, CERTIFICADO Y DIPLOMA, INCLUIDO EL COSTO DE ENVIOS A SU PAIS.

LA APOSTILLA DE LA HAYA - QUE ES ?


Qué es la Apostilla de la Haya y para qué sirve:

A través de la denominada Apostilla de la Haya un país firmante del Convenio de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país firmante de dicho Convenio.

El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por consiguiente la autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla.

La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos públicos que se originen en un país del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de autenticación.


Documentos a los que se aplica: documentos públicos

La apostilla puede aplicarse en:
a) Documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un secretario, oficial o agente judicial.
b) Documentos administrativos.
c) Certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como la certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter privado.

Sin embargo, no se aplicará a:
a) A los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares.
b) A los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera.


Países firmantes del Convenio :

Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bielorrusia, Bosnia, Herzegovina, Botswana, Brunei, Darussalam, Bulgaria, Chipre, Colombia, Croacia, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Fidji, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Isla Marshall, Isla Mauricio, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia, Antigua República Yugoslava, Malawi, Malta, México, Namibia, Niue, Noruega, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumanía, San Cristóbal y Nieves, San Marino, Seychelles, Sudáfrica, Suiza, Surinam, Swazilandia, Tonga, Turquía,Ucranía, Peru y Venezuela.

Quién puede solicitarlo

Solicitud de Apostilla de la Haya

La Apostilla de la Haya la puede solicitar cualquier persona portadora de un documento publico cuya autenticidad desee certificar.

SOLICITUDES A: marthitareyes123@gmail.com DIRECTORA NACIONAL PERU- APOSTILLAS DE LA HAYA- ALVISEGPERU - CEL 964344568

Intervención de las comunicaciones entre abogado y cliente. Intromisión ilegítima en el derecho a la defensa

VIOLAN EL DERECHO DE DEFENSA DE EVA BRACAMONTE FEFER

PODER JUDICIAL DE PERU...CHUPONEA LAS CONVERSACIONES DE LOS ABOGADOS Y SUS CLIENTES DETENIDOS....LAS EDITA Y LUEGO HACE TRANSCRIPCIONES, VIOLANDO EL DERECHO DE DEFENSA....

EL CASO MIRIAM FEFER, YA TIENE UNA SENTENCIA, JUICIO ES UNA FARSA......


Intervención de las comunicaciones entre abogado y cliente. Intromisión ilegítima en el derecho a la defensa

. Introducción

El mundo de la Abogacía se ha visto convulsionado recientemente como consecuencia de dos autos judiciales que legitimaban la intervención de las comunicaciones personales entre unos internos preventivos y «los letrados encargados de su defensa u otros que mantuvieran entrevistas con ellos».
a) El primer auto del juez instructor trató de fundamentar esta intervención en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que establece que estas comunicaciones «no podrán ser... intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo», entendiendo, el instructor, que estos dos requisitos, legalmente exigibles, son «alternativos » y no «acumulativos».
b) Planteado recurso de reforma contra el anterior auto, éste fue resuelto por el instructor finalmente competente (distinto del anterior), que, evidentemente, estaba también de acuerdo con tales intervenciones, toda vez que las prorrogó.
Este segundo auto, basándose en la tesis del Ministerio Fiscal, sostiene que el precepto aplicable no era el artículo 51.2 citado, dirigido, exclusivamente, a la autoridad penitenciaria con finalidad preventiva y no de investigación de posibles actividades delictivas (sic). Según esta resolución, cuando la intervención de las comunicaciones del interno tenga por finalidad la investigación de un delito, debe acudirse al artículo 579 LECrim, que no permite hacer distinción alguna por razón del destinatario de la comunicación –abogado o no– ni de la naturaleza del delito –terrorismo o no–, añadiendo que la LOGP no puede contrariar la LECrim, al ser ésta posterior.
Este último auto declara que, por aplicación del art. 579 LECrim, es legítima la intervención de las conversaciones de cualquier imputado con su letrado siempre y cuando se respeten los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida y, por esta razón, desestima el recurso de reforma, suscribiendo, íntegramente, la tesis del Ministerio Fiscal (cuyos párrafos copia literalmente en una especie de «corta y pega» verdaderamente llamativo), añadiendo, como colofón, una serie de manifestaciones en las que, subjetivizando el grave problema debatido, afirma que «la profesión de la abogacía no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones», y que, de la misma manera que se puede entrar y registrar un despacho profesional, también se pueden intervenir, de forma motivada, las comunicaciones de los abogados.
Dada la gravedad de las afirmaciones contenidas en estas resoluciones (apoyadas por el Ministerio Fiscal), conviene denunciar, en primer lugar, los graves errores jurídicos que contienen, para analizar, después, los principios que deben regir estas situaciones.

II. Del precepto aplicable en el caso que nos ocupa: art. 51.2 LOGP

La única diferencia entre los dos autos comentados es que, mientras que el primero fundamentaba la intervención en el art. 51.2 LOGP, el segundo, apoyado por la opinión del Ministerio Fiscal, entiende que este precepto no es aplicable, sino que la intervención se apoya en el art. 579 LECrim, que no hace distinción alguna entre las personas de los intervenidos –abogados o no– ni los delitos investigados –terrorismo o no–.
Sin duda alguna, este cambio de criterio se debió a la imposibilidad de mantener el del primer juez instructor, contrario a cualquier interpretación lógica y no sectaria del art. 51.2 LOGP, amén de infractor de la doctrina constitucional y jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Efectivamente, los dos requisitos exigidos por la LOGP para hacer posible la intervención de las comunicaciones entre un interno y su abogado son acumulativos: autorización judicial y que se trate de supuestos delitos de terrorismo. Así lo dice, con claridad, la STC 183/1994, de 20 de junio, que declara «la imposibilidad constitucional de interpretar este último precepto en el sentido de considerar alternativas las dos condiciones de orden de la autoridad judicial» y «supuestos de terrorismo que en el mismo se contienen », añadiendo que «dichas condiciones habilitantes deben, por el contrario, considerarse acumulativas». En igual sentido se ha pronunciado la STC 58/1998, de 16 de marzo, afirmando que estos dos requisitos «debían ser interpretados como acumulativos y no como alternativos », criterio que ha sido seguido y reiterado por el Tribunal Supremo en sentencias, entre otras, de 6 de marzo de 1995 («... la legislación penitenciaria exige, no como alternativa, sino como acumulativas para tal restricción el “supuesto de terrorismo” y “la orden de la autoridad judicial”») y de 23 de abril de 1997, en la cual, tras indicar la gravedad y el peligro que supone para una sociedad democrática la actividad terrorista, resalta que «es por ello por lo que, excepcionalmente y sin que dicha excepción pueda contagiarse al resto del sistema, en el ámbito personal exclusivo de los supuestos de terrorismo y en todo caso con la especial garantía de la orden judicial previa, naturalmente ponderadora de la necesidad, proporcionalidad y racionabilidad de la medida en cada caso concreto, el art. 51.2 LOGP faculta para la intervención de este tipo de comunicaciones singulares. Pero, como señala la STC 183/1994, son condiciones habilitantes “acumulativas” el tratarse de supuestos de terrorismo y la orden judicial, motivada y proporcionada».
Es, pues, incomprensible que el primer juez instructor pudiera entender que el art. 51.2 LOGP le permitía intervenir la conversaciones entre los internos y sus letrados cuando no nos encontrábamos ante ningún supuesto de terrorismo.
Como antes señalamos, el auto desestimatorio del recurso de reforma cambia de argumentación para «relegar» el art. 51.2 LOGP al ámbito estrictamente penitenciario y entender aplicable, con carácter general, el art. 579 LECrim. Sin embargo, también esta segunda tesis incide en graves errores que, inconcebiblemente, no fueron apreciados, ni por el instructor ni por el Ministerio Fiscal, aparentemente más preocupados por «justificar» la medida intervencionista que por «razonarla». Veamos cuáles son estos errores:
a) Pretenden catalogar la LOGP como una especie de «norma administrativa» dirigida a la Administración penitenciaria, lo cual es ciertamente insólito. Estamos hablando de una ley orgánica que tiene tal carácter porque afecta y regula derechos fundamentales de los internos. Efectivamente, la Constitución otorga a los penados los mismos derechos fundamentales que al resto de los ciudadanos, «a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria » (art. 25 CE).
Es decir, la LOGP es la encargada de «limitar » los derechos constitucionales de los internos, siguiendo el mandato constitucional y, por ello, por afectar a este tipo de derechos, tiene naturaleza «orgánica».
Es incorrecto afirmar que nos encontramos ante una norma de naturaleza administrativa o de «orden interno administrativo»; nos encontramos ante una ley que, siguiendo el mandato constitucional, «limita» los derechos fundamentales de una parte de la ciudadanía (aquélla que se encuentra en establecimientos penitenciarios, ya preventivamente ya cumpliendo condena) y, por ello, es «orgánica» y «especial».
Aquí radica la razón principal de la aplicación, a este caso, de la LOGP (y no de la LECrim); en su «especialidad» frente a una ley general. No se trata, pues, de cuál de las dos tiene mayor o menor jerarquía (ambas tienen la misma y ambas, al menos en los preceptos que nos ocupan, tienen carácter orgánico); ni se trata de dilucidar cuál es anterior o posterior, toda vez que estos criterios nunca rigen cuando nos encontramos ante el principio de prevalencia de la ley especial sobre la ley general.
La LOGP es aplicable, por delante de la LECrim, cuando se discuten los derechos fundamentales de cualquier persona interna en un establecimiento penitenciario, materia esta no contemplada por la norma procesal penal, no sólo por exceder de su ámbito, sino porque la CE encarga esta labor «limitativa» a la Ley Penitenciaria.
Es sorprendente que un principio normativo tan básico haya sido desconocido por el Ministerio Fiscal y por el órgano instructor, que se extienden en disquisiciones irrelevantes y obvian principios básicos en materia de aplicabilidad de las normas, llegando incluso a hablar de la mens legislatoris o de la «pereza legislativa» cuando se están refiriendo ¡a una norma reglamentaria!, es decir, al RD 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento Penitenciario.
Debemos concluir, por tanto, que es gravemente incorrecta la afirmación del segundo auto al sostener la aplicabilidad del art. 579 LECrim, puesto que rige el art. 51.2 LOGP («ley especial») al tratarse de «limitaciones» a los derechos de los internos en prisión cuya ubicación constitucional se encuentra en la LOGP y no en la LECrim.
b) Además de lo anterior, como el propio auto reconoce, la autorización judicial (y aquí no existe diferencia alguna entre el art. 51.2 LOGP y el art. 579 LECrim) debe cumplir los requisitos de motivación, necesidad y proporcionalidad, cuestiones estas que este segundo auto no analiza, en absoluto, al enjuiciar el caso observado.
La doctrina constitucional exige, para entender motivada la medida de intervención de las comunicaciones (además de una previsión legal), que en la resolución judicial que la ordene se exterioricen los datos objetivos sobre la posible comisión de un hecho delictivo grave y la conexión de los afectados con los hechos investigados.
Pues bien, en nuestro caso, tal requisito es de imposible cumplimiento, partiendo de la base de que se ordena la intervención de personas «desconocidas», a las que se identifica de manera genérica («los letrados que se encuentren personados en la causa u otros que mantengan entrevistas» con los detenidos).
¿Dónde están los datos objetivos que justifican que las referidas comunicaciones pueden ir dirigidas a la comisión de un delito? ¿Dónde están los datos objetivos que acrediten la vinculación de las personas intervenidas con tal actividad delictiva? La propia indeterminación subjetiva de la intervención ordenada revela su radical ilegitimidad.
Sólo estas dos causas, o cualquiera de ellas, bastarían para decretar la inconstitucionalidad de la intromisión ordenada, por vulnerar el derecho a la intimidad (art. 18 CE) y, sobre todo, el derecho a la defensa (art. 24 CE).
No obstante, las resoluciones judiciales analizadas nos dan pie para afrontar otros supuestos que, aunque distintos del enjuiciado, se pueden ver afectados por las declaraciones generales –gravemente erróneas– que las resoluciones judiciales aquí criticadas contienen.

III. Imposible inclusión de los abogados, en general, como personas afectadas por la intervención de comunicaciones al amparo del art. 579 LECrim, cuando ejercen sus funciones de defensa de intereses de sus clientes: vulneración del derecho de defensa

Una vez que el Auto resolutorio del recurso de reforma concluye, erróneamente, como hemos visto, que el precepto aplicable es el art. 579 LECrim, fundamenta la intervención en una serie de afirmaciones gravísimas que deben ser objeto de análisis.
Sostienen el Ministerio Fiscal y el juez instructor que el art. 579 LECrim no distingue, en absoluto, ni la cualidad de las personas intervenidas –abogados o no– ni el tipo de delitos investigados –terrorismo o no–, lo que viene a significar que las conversaciones de un imputado (detenido, preso o en libertad) y su abogado defensor pueden ser intervenidas, sin mayor obstáculo, siempre y cuando se cumplan las condiciones de motivación y proporcionalidad a las que antes nos hemos referido.
Esta afirmación del auto es también un grave error jurídico que pone en entredicho la estructura constitucional de nuestro sistema de derechos y libertades.
Con carácter general, la intervención de las comunicaciones entre cualquier ciudadano y su abogado defensor es una inaceptable, ilegítima e inconstitucional intromisión, no ya en el derecho a la intimidad (y aquí radica el error del instructor), sino, lo que es más grave, en el derecho a la defensa.
Y decimos que es más grave la vulneración del derecho a la defensa que la del derecho a la intimidad, porque sin el primero no existiría ningún otro. El art. 24 CE es el vértice del sistema constitucional de derechos y libertades, puesto que de nada serviría una perfecta declaración programática si, cuando cualquier libertad o derecho es vulnerado, no pudiera ejercitarse el derecho a la defensa a través de un abogado independiente cuya relación con su cliente esté protegida por la más estricta confidencialidad y secreto profesional.
El auto pretende subjetivizar «gremialmente » la anterior afirmación, señalando que la abogacía no puede ostentar privilegios que no tienen otras profesiones, afirmación esta, si cabe, más sorprendente que las anteriores, puesto que nadie está reclamando ningún privilegio para los abogados, como personas sometidas a la Ley, sino para el derecho a la defensa, cuyo instrumento no es otro que la abogacía.
Este torpe intento de subjetivización nos podría permitir atacar, no sin cierta crueldad, la calidad jurídica de la resolución judicial, pero venceremos la tentación, enumerando, exclusivamente, las razones más evidentes por las que la conversación entre un cliente y su abogado defensor está exenta de cualquier posible intervención judicial, que sería, en todo caso, ilegítima (sin perjuicio de la «limitación» excepcional contenida en el art. 51.2 LOGP, constitucionalmente prevista).
a) Si el art. 25 CE prevé que las «limitaciones » a los derechos fundamentales de los internos detenidos tengan que venir previstas en la LOGP, es obvio que su art. 51.2 es una «limitación» (sería ridículo sostener que los internos tienen más derechos constitucionales o más amplios que los ciudadanos en libertad). Pues bien, la «limitación» consiste en que se puede intervenir las comunicaciones de estos internos con sus letrados siempre que se cumplan los dos requisitos acumulativos que antes vimos. Dicho de otra manera, las comunicaciones de una persona en prisión con su abogado defensor no pueden ser intervenidas, ni siquiera por orden de la autoridad judicial, salvo que nos encontremos ante un presunto delito de terrorismo (dado que, en otro caso, faltaría el segundo requisito legalmente previsto).
Si esto es así (y, evidentemente, lo es) carece de sentido que no se puedan intervenir las conversaciones de un detenido con su abogado (salvo casos de terrorismo) y, sin embargo, se puedan intervenir las de cualquier otra persona en libertad con su letrado defensor. Los ciudadanos libres pasarían a tener derechos constitucionales más limitados que los detenidos o presos, lo que, amén de ir en contra de la letra constitucional, va en contra de toda lógica jurídica.
b) En segundo lugar, es cierto que el art. 579 LECrim no hace distinciones en cuanto a profesiones y delitos, puesto que parte de la base de su encuadramiento en el sistema de libertades y derechos fundamentales; es decir, la LECrim no puede permitir la intervención de comunicaciones si ésta vulnera cualquier otro derecho fundamental, aunque no lo diga expresamente. A título de ejemplo, imaginémonos una intervención de comunicaciones que vulnere la inviolabilidad del domicilio, la libertad de cátedra, la libertad de información o de expresión, la integridad física y moral, etc. El art. 579 LECrim es un precepto general (y, por cierto, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, claramente insuficiente) que regula los requisitos para que las intromisiones en el derecho a la intimidad puedan considerarse legítimas; pero este precepto, ni autoriza, ni regula, ni se refiere, a ninguna «limitación» del derecho a la defensa, como supondría la intervención de las comunicaciones entre una persona y su abogado defensor.
c) Además de lo anterior, encuadrado en el marco constitucional, el art. 579 LECrim no puede permitir la intervención de las comunicaciones de una persona con su abogado defensor so pena de vulnerar el art. 24 CE, por las siguientes razones: El art. 24.2 CE contempla la existencia del derecho al secreto profesional como parte integrante, inescindible e inseparable del derecho a la defensa; y este derecho al secreto –recogido, también, en el art. 542.3 LOPJ– sería infringido por la intervención.
Sería contrario al derecho a un proceso «con todas las garantías» (recordemos que, en el caso que nos ocupa, el Ministerio Fiscal tuvo la oportunidad de escuchar las conversaciones entre los detenidos y sus abogados, con independencia de que, posteriormente, fueran separadas de los autos).
De nada serviría al imputado el derecho a «no declarar contra sí mismo», si las conversaciones con su abogado defensor pudieran ser conocidas a través de esta intromisión ilegítima.
Carecería de valor el derecho de todo ciudadano «a no confesarse culpable» si las confidencias con su letrado llegan a conocimiento de terceros ajenos a la relación de confidencialidad letrado-cliente. Vemos, pues, cómo la sola idea de intervenir las conversaciones de una persona con su abogado vulnera, prácticamente, todos los derechos que se incardinan en el art. 24 CE y que configuran el derecho de defensa.
d) La ilegitimidad de la intervención de las comunicaciones abogado-cliente no es, en ningún caso, un «privilegio gremial», sino un mandato constitucional derivado de la lógica construcción del derecho a la defensa, que tiene otras manifestaciones en nuestras leyes orgánicas y ordinarias. ¿Se podría considerar un privilegio la exención de los abogados de denunciar o declarar, contenidas en los arts. 263 y 416 LECrim? Evidentemente no, pues son consecuencias lógicas de la confidencial relación abogado-cliente, imprescindible para la vigencia del art. 24 CE.
Concluyendo, el art. 579 LECrim no sirve para fundamentar tan grave intromisión en lo más esencial de nuestro sistema de libertades.

IV. Los abogados como personas afectadas por una orden judicial de intervención de las comunicaciones

Visto lo anterior, conviene aclarar, para evitar confusiones, cuáles deben ser los requisitos de una posible orden judicial de intromisión en el derecho al secreto de las comunicaciones de los abogados «imputados» o «sospechosos», teniendo en cuenta el necesario respeto del derecho a la defensa de sus clientes, y para ello debemos distinguir dos diferentes supuestos.

1. Comunicaciones de una persona imputada con su abogado defensor si se entiende –motivadamente– que éste pudiera estar colaborando en las presuntas actividades delictivas de su cliente

Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos Niemietz, Kopp, Fosley, entre otros) y haciendo una correcta interpretación de nuestra exigua normativa, esta intervención requiere unos especiales requisitos que, en el caso comentado, brillaron por su ausencia:

a) En primer lugar, es necesaria la existencia de una previsión legal específica y concreta, dado que no sólo se trata de una intromisión en el derecho a la intimidad, sino un atentado al principio de confidencialidad y secreto profesional que afecta, directamente, al derecho de defensa. En nuestro ordenamiento, no existe tal previsión legal ni jurisprudencia o doctrina constitucional al respecto que, en todo caso, debería ser mucho más exigente y restrictiva que la doctrina general en relación con el art. 18 CE, al estar también afectado el art. 24 de nuestra norma suprema.

b) La orden judicial debe ir acompañada de una serie de garantías específicas y efectivas que aseguren el mínimo menoscabo de los principios en juego, puesto que, de otra manera, se atentaría a la correcta administración de justicia y contra el art. 24 CE y el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

c) Debe existir una necesidad imperiosa, adecuadamente exteriorizada, que justifique la proporcionalidad de la medida con el fin perseguido, lo que es verdaderamente difícil en una sociedad democrática dotada de avanzados y sofisticados medios de investigación, que hacen excepcional la necesidad de vulnerar ningún derecho fundamental y, mucho menos, el derecho de defensa.

d) Pero, además, en todo caso, previamente a cualquier intervención en estos supuestos, debe comunicarse al abogado y a su cliente la imputación de aquél, de tal forma que puedan adoptar las medidas necesarias no sólo para salvaguardar el derecho a la defensa, sino, también, para evitar un posible conflicto de intereses, dándoles, así, la oportunidad de poner fin a su relación profesional y encargar a otros abogados la defensa de sus intereses.

Naturalmente, los requisitos anteriores deben completarse con los restantes requisitos y cautelas jurisprudencialmente establecidos que complementan el art. 579 LECrim, sin las cuales este precepto sería radicalmente inconstitucional, tal y como ha declarado, en más de una ocasión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

2. Comunicaciones de un abogado imputado, abstracción hecha del ejercicio de su profesión

En este caso, naturalmente, el abogado, como cualquier otro ciudadano, puede ser sujeto pasivo de la intervención de sus comunicaciones (telefónicas, postales, etc.), siempre que se cumplan los requisitos generales antes mencionados (motivación, necesidad, proporcionalidad) y demás cautelas, si bien la especial función del afectado debe llevar, complementariamente, a la adopción de otras medidas imprescindibles para garantizar la confidencialidad y el secreto profesional con terceras personas, clientes del abogado, no afectados por el procedimiento penal en marcha.

De esta manera, la intromisión legítima debe especificar, de manera clara, que la intervención sólo puede referirse a los hechos investigados, sin que en modo alguno puedan intervenirse documentos, comunicaciones o conversaciones del abogado «sospechoso» con clientes ajenos a su supuesta actividad delictiva.

Consecuentemente, cualquier intervención «inconcreta» o «genérica» sería flagrantemente inconstitucional, por inmotivada, desproporcionada y falta de fundamento, abriéndose, de par en par, la ilícita puerta de la «causa general».
No debemos olvidar, en estos casos, el peligro existente sobre la cada vez más frecuente tendencia a la artificiosa criminalización de los letrados, para, de esta manera, justificar medidas de intervención de sus comunicaciones con un cliente (sujeto principal investigado) sin tener que respetar las prohibiciones, limitaciones y cautelas hasta aquí referidas.

La autorización judicial, pues, debe ser especialmente motivada y descriptiva respecto de los indicios (que no meras «sospechas») que existan sobre la actividad criminal del letrado, los límites de la intervención y las razones que justifiquen la proporcionalidad de la medida por la imposibilidad de investigar tales actividades a través de cualquier otra vía menos lesiva para los derechos y libertades fundamentales del investigado y, sobre todo, de sus clientes.

V. Razones para la alarma profesional

Decíamos, al principio de este comentario, que las resoluciones criticadas han creado una verdadera «alarma profesional», pero debo añadir que esta sensación se ha visto extraordinariamente incrementada como consecuencia de la «falta de alarma social», es decir, el desinterés de la sociedad antes hechos tan graves (que son, sin duda, un gravísimo atentado a nuestro sistema de libertades) e incluso los torpes o malintencionados intentos de justificación de las medidas por parte de algunos medios de comunicación.

Esta falta de reacción social (que ya comentó el Decano del Colegio de Abogados de Madrid en un reciente artículo en la revista Otrosí) viene motivada por la falta de reacción profesional.

El ciudadano no está obligado a conocer y razonar sobre la enorme transcendencia de las vulneraciones de derechos contenidas en estas decisiones judiciales. La sociedad tiene sus instrumentos de canalización y formación de opinión; sus vanguardias de defensa de los derechos fundamentales, que son distintas dependiendo de los casos; y la reacción social, en el supuesto que nos ocupa, debería haber venido encauzada a través del Consejo General de la Abogacía y de los colegios de abogados (especialmente el de Madrid) que, en mi opinión, han tenido una intervención insuficiente, injustificablemente limitada e ineficaz, siendo incapaces de mover a la opinión pública frente a lo que ha sido presentado, por los sectores más liberticidas, como un «privilegio profesional».

Nos encontramos, muy posiblemente, ante el más grave ataque que ha sufrido el derecho a la defensa desde que fue constitucionalmente reconocido y, sin embargo, los obligados a denunciarlo, sin contemplaciones, se han limitado a publicar breves comunicados o artículos en ámbitos profesionales que no han tenido eco alguno en la opinión pública. Incluso se anunció una medida (querella contra los autores y promotores de tan injustificables decisiones judiciales) para, después, no ponerla en práctica ante la general decepción de los que sabemos lo que está en juego.

Sólo nos queda esperar, al parecer, que la Sala de lo Penal del TSJ ponga las cosas en su sitio y que las acciones penales presentadas por los letrados afectados (ante la incomprensible pasividad de su colegio) tengan el éxito suficiente para dar una merecida respuesta a quienes, con una ligereza jurídica incomprensible, han atentado contra la esencia de nuestro sistema

democrático.

CONCUSION.....

Concusión es un término que procede del latín concussĭo. Se trata de una exacción (la acción de exigir impuestos, multas o prestaciones) arbitraria que lleva a cabo un funcionario público en provecho propio.

La concusión, por lo tanto, es un concepto legal que se utiliza para nombrar al funcionario que hace uso de su cargo para hacer pagar a una persona una contribución que no le corresponde. La concusión también implica exigir un pago más alto del estipulado por ley.

El delito de concusión puede contar con diversos agravantes: el uso de intimidación, la invocación de órdenes de funcionarios de mayor jerarquía, etc. El análisis de la concusión y sus características dependerá de un juez.

Por ejemplo: “Pérez fue acusado de concusión por un empresario local, quien asegura que el funcionario le exigió un fuerte suma de dinero para habilitarle el negocio”, “Un secretario administrativo del municipio fue encontrado culpable de concusión y deberá pasar dos años en prisión”, “Estoy preocupado: acusaron a mi jefe de concusión”.

El servidor público incurre en este delito cuando exige, por si mismo o por medio de otro sujeto, dinero, valores o servicios a título de impuesto, renta, contribución, etc., sin que la ley lo estipule o en una cuantía superior.

Si el funcionario es encontrado culpable, la pena variará según cada legislación y de acuerdo a la gravedad del delito cometido. Por lo general, los castigos van desde el pago de multas hasta la destitución e inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos o incluso la prisión.

PREVARICATO

Análisis del tipo penal

El artículo 418 del Código Penal describe el supuesto del delito del prevaricato del siguiente modo: "El Juez o el fiscal que dicta una resolución o emite un dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años"

2.1.- ELEMENTOS OBJETIVOS

2.1.1.- Conducta reprochable

La norma citada se desprende que la conducta delictuosa es de dictar una resolución (para el caso de los jueces) o emitir un dictamen (para el caso de los fiscales). El hecho delictuoso se comete y se consuma, entonces, a través del dictado al interior de un proceso, de una resolución o de la emisión de un dictamen en la que se advierta y cumpla cualquiera de los siguientes supuestos:

a.- Manifiestamente sea contrario al texto expreso de la ley

En este caso es de destacar que es de la propia resolución cuestionada que se desprende esta contradicción entre la norma aplicada, con la decisión que adoptada por el juzgador, es decir se invoca una ley que dice una cosa y lo resuelto es contrario a lo que se dice dicha ley.

b.- Cita pruebas inexistentes o hechos falsos.

Es decir, la resolución cuestionada basa su fallo en pruebas que nunca se han actuado durante el proceso o en hechos argumentados dentro del proceso y que se han demostrado que son hechos falsos y sin embargo así sustenta la resolución.

No se trata de un cuestionamiento a la valoración de las pruebas que es la atribución exclusiva del juzgador y que puede ser impugnada que puede ser impugnada dentro del mismo proceso y obtener su revisión, sino de que no existen o las que existen son falsas y que no justifican el fallo.

c.- Se apoya en leyes supuestas o derogadas.

La resolución cuestionada en este caso, basa su fallo así se lee en su texto en una norma ya derogada o que simplemente no existe, toda vez que conforme es de verse en nuestra constitución que uno de los efectos de la publicación de una norma es que se entiende que es conocida por todos, erga omnes, como regla general, desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

2.1.2.- Sujeto Activo.

Conforme a la descripción del tipo penal mencionado, solo pueden ser sujetos activos de este delito los jueces o fiscales de cualquier nivel, es decir estamos ante un tipo penal propio.

2.1.3.- Sujeto Pasivo

Es el estado. La victima puede ser la persona natural o jurídica que sea parte del proceso en donde se dicte la supuesta resolución prevaricadora.

2.1.4.- Bien jurídico protegido

Es la correcta administración de justicia, entendida como una de las funciones que comprende la administración pública que ejerce el estado. Peña Cabrera sostiene que el correcto desempeño de la función pública, que comprende la actividad administrativa, judicial y legislativa, se protege por ser un instrumento al servicio de los ciudadanos, como actividad prestacional dirigida a la satisfacción de los intereses nacionales.

Alejandro Trujillo acusa a magistradas de chantaje para culpar a Eva y Liliana

Lo presionan jueza y fiscal, para que acuse a Eva Bracamonte Fefer

Alejandro Trujillo acusa a magistradas de chantaje para culpar a Eva y Liliana

El colombiano dijo que le ofrecieron reducir su sentencia “siempre y cuando” inculpe a las coprocesadas.


El colombiano dice ser solo un ladrón. (Foto: Internet)

Lima . Asesino confeso de la empresaria Myriam Fefer, Alejandro Trujillo Ospina, denunció ante la Segunda Sala para Reos en Cárcel haber recibido presiones para que implique a Eva Bracamonte y Liliana Castro, presuntas autoras intelectuales del crimen, a cambio de una posible reducción de su sentencia.

Según informó El Dominical, a través de un documento escrito de su puño y letra difundido Trujillo señaló haber recibido “visitas no programadas y secretas” de la jueza Carmen Choquehuanca y la fiscal Nelly Millones con el propósito de convencerlo de que diga “cosas que no son ciertas”, según indica.

Asimismo, dijo que las magistradas le ofrecieron reducir su sentencia “siempre y cuando” inculpe a las coprocesadas, quienes se encuentran recluidas en el penal Santa Mónica de Chorrillos.

Sin embargo, la fiscal Millones, en un comunicad, indicó que las “visitas a un centro penitenciario se realizan en coordinación de las instancias involucradas, sea el juez o los responsables del INPE”. Además, dijo que “este tipo de diligencias se encuentra en los registros del INPE o en actas para dejar constancia de la acción judicial”.

En su misiva, el sicario, preso en el penal de Piedras Gorda, revela otros detalles con los que buscaría limpiar su imagen. “Yo he llegado al Perú a robar como lo hago desde que tengo nueve años y así lo demuestran los antecedentes enviados por la DAS (Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia)”, acotó.

ARIEL BRACAMONTE FEFER...¿MANDO ASESINAR A SU MADRE'?

NUEVAS REVELACIONES, CONTRADICCIONES, SUPUESTAS PRUEBAS, DEMUESTRAN LO QUE REALMENTE ESTARIA OCURRIENDO EN EL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO, EN EL CASO DEL ASESINATO DE MIRIAM FEFER.

Con respecto al caso del asesinato de la señora Miriam Fefer, hay nuevas revelaciones que es importantísimo tomar en cuenta, porque arrojan luces, para encontrar la verdad.



LA PRIMERA: CALUMNIA Y MENTIRAS DE UN GANA PAN ARGENTINO....



El seudo Periodista Argentino, de nombre Juan Antonio Arrazua, fue el malnacido, lengua larga, fue el primero que mintió sobre el caso de la muerte de la empresaria Miriam Fefer, ocurrido en Perú.



Este pobre infeliz, malnacido, cobarde, publico una serie de artículos infames, en los que sin ningún problema mintió, a la opinión publica de su país y confundió a los periodistas peruanos, diciendo que el asesino, Trujillo Ospina, le había dicho que mato a la empresaria por encargo de la hija, la Srta. Eva Bracamonte Fefer, encarcelada injustamente mas de dos años, en Perú.



Es increíble, que una persona que se reputa de ser un periodista, con toda tranquilidad, cambie su versión, sin ningún problema.



Porque ahora le ha dicho a una periodista peruana Bibiaana Melzi, que el asesino confeso Trujillo Ospina, no le dijo que mato a la empresaria por encargo de la hija, sino que por un pariente cercano.



Esta contradicción, pone al descubierto, que este malnacido, de nacionalidad argentina, habría sido pagado seguramente por el principal acusador de Eva Bracamonte Fefer, para que declare tremenda mentira y hasta para que la publique.



Todos sabemos en Perú, que el millonario, era el abuelo de la acusada, no la madre muerta a manos de Trujillo Ospina.



Todos sabemos en Perú, que el padre de la muerta, no quiso dejarle absolutamente nada al hermanito gay, al hermanito homosexual de Eva Bracamonte Fefer.



Todos sabemos, que el principal acusador, es Ariel Bracamonte Fefer.

Esa es la verdad.



El hermanito Ariel, no figuro ni en broma en el testamento del abuelo, ya que este señor le dejo todo a su nieta preferida, encarcelada hoy, más por el escándalo de la prensa, que por que existan pruebas reales, contundentes.



El Poder Judicial Peruano, es bastante influenciable y encarcela, destruye vidas, sin ningún problema, si la prensa lo presiona, publica a diario, una y otra vez versiones antojadizas, como se ha hecho en el caso del asesinato de Miriam Fefer.



Siempre he pensado que al único, que le interesa sobremanera, que la pobre chicha sea sentenciada sin pruebas, es al famoso gay, que salió bailando en programas de televisión, como si se tratase de una estrella, cuando es un personaje vil, insoportablemente repugnante.



Nadie como el para acusar sin pruebas, nadie como el para presentarse en absolutamente todos los programas, para torcer el caso, lo mas posible, para declarar desde ya, como culpable a su hermana.



Claro esta, para poder ser EL, el heredero de una fortuna que su abuelo, en vida no le quiso dejar jamás.



Hasta la fiscalía penal, muy acomedidamente, ha manipulado las llamadas telefónicas, que se hicieron al celular de la acusada. Esas que le revelo la Empresa Telefónica. Dando así muestras de que no sabe ni que cosa investiga, señalando la hora de muerte en horas en que el hermanito estaba caminando en casa.



En Perú ya existe la clara percepción en la opinión publica, de que este caso, es manipulado, desde dentro del propio Ministerio Publico, al parecer, por una enorme recompensa económica, si logra hacer sentenciar a un par de chicas inocentes.



Lo que mas ayuda les dio, a los que complotan con el hermanito gay, son los hechos protagonizados por el tío de la otra acusada, Liliana Castro Manarelli.



Eso significa que en el Perú, si Ud. es involucrado en una acusación de un supuesto asesinato y tiene la mala suerte de tener un pariente que haya estado preso, años atrás, por delitos diversos, esto será determinante, para que lo acusen sin pruebas, lo detengan, lo encarcelen, le destruyan la vida y lo hallen culpable….¿Porque? Porque Ud. tienen unos parientes terribles…..por eso.



¿Qué lindo país, verdad?



¿Da gusto ver la prolijidad con que las autoridades del Ministerio Publico Peruano trabajan, no? Creo que ni en la Alemania Nazi, era tan descarado, ni tan maquiavélico en sus acusaciones, para encarcelar por puro gusto a los judíos.







LA SEGUNDA: "ab absurdo" ( demostrar algo por la via del absurdo).



¿El Poder Judicial peruano es mejor?



No lo parece.



Me recuerda a los Juzgados de la Revolución Francesa, en los que los acusados, desde antes de ser llevados a juicio, ya habían sido declarados culpables y llevados a rastras, a la guillotina, para no incomodar a Maximiliano Robespierre. En esos días el juez que no encontrase culpable a un monarquista, terminaba en la guillotina, así que había que sentenciar a muerte, para no sufrirla.



1.- Reciben la noticia periodística pagada, de un mal nacido argentino, recogen las especulaciones periodísticas, de la prensa peruana, como evidencias contundentes. Luego detienen porque si, a dos personas en la flor de su vida, para castigarlas con enorme crueldad, por ser millonarias, porque no es justo que tengan tanta suerte.



2.- Muchos canales de televisión, por meses, le dan cámaras al gay más repugnante de todo el Perú, lo dejan que nos cuente una y otra vez, en todos los programas, su versión, estratégicamente elaborada, para quedarse con una herencia, que a el nadie le dejo y punto.

3.- El poder Judicial, decide hacer detener, a Eva Barcamonte Fefer, en la propia universidad, saliendo de sus clases, siendo una persona que en nada obstruyo la investigacion judicial.tenia domicilio conocido, no tenia antecedentes penales.

¿ Increible no?

Practicamente se enjaula a una universitaria, influenciados todos, por un sinnumero de publicaciones periodisticas, que se convierten en pruebas, para la fiscalia y el Poder Judicial.

El estado jurídico de inocencia, conocido por todos como “presunción de inocencia”, es uno de los elementos esenciales que integran al garantismo procesal.

La presunción de inocencia también puede entenderse como un postuladodirectamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal,conforme el cual habría de partirse de la idea de que el imputado es inocente y,en consecuencia, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos delimputado durante el proceso.

En cuanto presunción “iuris tantum”, la presunción de inocencia “determina laexclusión de la presunción inversa de culpabilidad criminal de cualquier personadurante el desarrollo del proceso, por estimarse que no es culpable hasta que asíse declare en Sentencia condenatoria, al gozar, entre tanto, de una presunción“Iuris Tantum” de ausencia de culpabilidad, hasta que su conducta seareprochada por la condena penal, apoyada en la acusación pública o privada, queaportando pruebas procesales logre su aceptación por el Juez o Tribunal, enrelación a la presencia de hechos subsumibles en el tipo delictivo, haciendoresponsable al sujeto pasivo del proceso

No conozco personalmente a las acusadas, nada me une a ellas, no soy amigo cercano, ni lejano, pero digo públicamente, que estas dos chicas, estas dos mujeres son inocentes.



El asesinato, fue encargado, más bien en mi opinión, por aquellos que no podían disponer de la fortuna de Eva Bracamonte Fefer, para poder despojarla a ella.



Esto ha sido una conspiración, muy bien elaborada, con mucho tacto, con gran cuidado, con la colaboración de numerosas lenguas largas del periodismo peruano y especialmente del argentino, para lograr encarcelar a dos chicas inocentes. Despojar a Eva Bracamonte Fefer de su herencia, encarcelarla, destruirla.



Porque ojo, que el hermanito gay, si logra hacer sentenciar a la pobre chica, correrá a demandarle al poder judicial peruano, que declare indigna a su hermana, por supuestamente haber matado a su madre y así , poder chapar los millones de dólares, que a el nadie le dejo. Ya nos imaginamos porque.



Hasta hoy todo ha favorecido los planes macabros de Ariel Bracamonte Fefer, ha contado con la prensa, los canales de televisión, hasta lloro hipócritamente en la reconstrucción del crimen, Muy buena su actuación.



Pero no contaba con que incluso en la basura de la prensa peruana, hay unos pocos periodistas, que no se han tragado su sermón, su muy bien calculada y aburrida explicación de los hechos.



Poco a poco vamos viendo en todo el Perú, como se han manipulado pruebas, como se han dado por pruebas contundentes las versiones del malnacido seudo periodista argentino.



No se pero, creo que las investigaciones se han centrado, en quienes no tenían ningún motivo para matar a la señora Miriam Fefer, porque tenían la sartén por el mango. Dejándose de lado, una severa investigación, intervención de su secreto telefónico, bancario, del principal acusador Ariel Bracamonte.



Este individuo si tenía poderosas razones, para querer destruir a la hermana, mire nomas cuando habla de ella, en la televisión, no es más que para hundirla una y otra vez, sin pruebas. Provoca cortarle la lengua, por cobarde, pérfido, cínico.



Unas preguntas legitimas:



¿Habrá pagado muy bien Ariel Bracamonte Fefer, a la policía peruana, incluidos fiscales, para que apoyen su versión, encarcelen y enloden con ayuda del mal nacido argentino, a su hermana?



¿Habrá un complot entre autoridades judiciales y este homosexual, para lograr despojar de su herencia a Eva Bracamonte Fefer?

¿Habrá pagado generosamente al hijo de perra argentino, para que declare y publique mentiras en periódicos, que destruyan a su hermana?

¿No será Ariel Bracamonte Fefer, el autor intelectual de la muerte de su madre?

No acuso al Gay más repulsivo de Perú. No tengo pruebas. Pero si tengo enormes sospechas contra el, que explican magníficamente mi teoría de la conspiración contra Eva Bracamonte Fefer.

No se. Todo se puede pensar, en este caso, en el cual a una chica que no tiene antecedentes policiales, penales, que es universitaria, que estudiaba, que es dueña de numerosas propiedades, que tiene domicilio conocido, que jamás obstruyo la acción penal en forma alguna, se ordene su detención en un penal, porque si, por tanto tiempo.

¿Para que nos acostumbremos a verla presa y terminemos creyendo la falsa acusación fiscal?

No lo se, pero si puedo afirmar, que

“Eva Bracamonte Fefer es inocente, no mando matar a su madre”.

PEDRO ALEJANDRO REYES RAMOS-

INSTRUCTOR DE SEGURIDAD
INSCRITO EN

MINISTERIO DE INTERIOR DE PERU

www.actiweb.es/alvisegperu

RECOMENDAMOS VISITAR PARA MAS LUCES ESTA PAGINA:

http://www.casofefer.com/

EL AUTO APERTORIO DE INSTRUCCION

HERIBERTO BENITES

El auto apertorio de instrucción es una resolución judicial inapelable que da inició a un proceso penal, necesitando la denuncia del Ministerio Público (defensor de la legalidad y de la sociedad) cuando de trata de acciones públicas o directamente del agraviado cuando se trata de acciones privadas o querellas contra el honor.

Para ello, debe estar acreditado que el hecho denunciado constituye delito, que se haya individualizado al presunto autor y que la acción penal no haya prescrito. Esta decisión jurisdiccional debe contener en forma precisa la motivación y fundamentos, expresando la calificación del delito que se imputa al denunciado, la disposición para que concurra a rendir su instructiva, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles, del material probatorio en que se fundamentan y de la relación que debe existir entre la conducta de los procesados y el hecho punible.

En el auto apertorio de instrucción debe indicarse si hay mandato de comparecencia (simple o restringida) o detención que se cumplirá en un centro penitenciario, teniendo en cuenta que la privación de libertad procede cuando los delitos son intencionales y se sustenten en suficientes elementos probatorios, cuando exista peligro de fuga o de perturbación de la actividad probatoria y conforme a lo estipulado en las demás normas vigentes; caso contrario, el magistrado debería devolver los actuados al denunciante o disponer el sobreseimiento de la causa, ante lo cual procede un recurso de apelación en base a la pluralidad de la instancia.

Sin embargo, hay jueces que sin existir solidez jurídica en una denuncia, prefieren atropellar los derechos fundamentales e iniciar un proceso penal y que, en todo caso, el afectado acuda a la instancia superior para hacer valer sus derechos u obligándolo a entablar una acción de habeas corpus.

El Tribunal Constitucional (TC) ha señalado la obligación de la motivación escrita del auto apertorio de instrucción; puntualizando, que ésta no se colma únicamente con la puesta en conocimiento de aquellos cargos que se imputan, sino que comporta la ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino, precisa, clara y expresa. Ítem más, debe existir una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan.

No procede cuando se advierte una acusación genérica e impersonalizada que limita o impide al inculpado un pleno y adecuado ejercicio del derecho de defensa. Este importante fallo, añade con severidad, que cuando el juez ha omitido la formalización de cargos concretos, debidamente especificados, que denota una ausencia de individualización del presunto responsable en los términos anteriormente expuestos, ha violentado el deber constitucional de motivar las resoluciones judiciales de forma razonable y proporcional, lesionando el derecho de defensa del justiciable, al no tener este la posibilidad de rebatir los elementos fácticos que configurarían la supuesta actuación delictiva que se le atribuye

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PIDEN PLATA A LITIGANTES, EN MESA DE PARTE JUZGADO CIVIL SAN JUAN DE MIRAFLORES

En la Mesa de Partes de Juzgado Civil de San Juan de Miraflores el dia lunes 6 de Febrero la señorita que recibe las demandas, en la Mesa de Partes, obstaculiza el tramite, rechazando a los litigantes, sus documentos. El caso mas notorio fue el de un anciano, que queria ver un expediente de divorcio a las las 12.20 del medio dia y que le pidieron diez soles, para decirle, cual es el estado de su expediente.

La emplaeada una mujer joven de no mas de 25 años, que estuvo atendiendo el dia citado, le dijo al litigiante, que ella podia verle su expediente, moverselo, acelerarselo, si le daba una comision de diez soles.





Luego la misma empleada del Poder Judicial, a otro litigante, sra Ninamanco, le rechazo con distintos pretextos su demanda, pidiendole diferentes coasas, copias, foliados, obligandola a realizar cola cuatro veces, para terminar mandandole decir, con el otro empleado, uno que es lla seguridad, que si le dan cinco soles, ella le hace el trabajito del foliado, ante esto protestaron los acompañantes de la sra mencionada y la empleada, llamo al de seguridad, para decir que le habian faltado al respeto, que iba a presentar una queja.





Como podemos ver, la Empleada, que atiende en la ventanilla de la Mesa de Partes del Juzgado Mixto Civil de San Juan de Miraflores, ubicado hoy en el local de antes Municipio del Distrito citado, pide plata, coimas, rechaza los expedientes, las demnadas, no los quiere recibir e incluso amenaza a los usuarios, con informarlos, si es que no le dan una propina, una comision, por dar informacion sobre el estado de sus expedientes.

El maltrato al publico es notorio, la falta de respeto, la forma de tratar a personas mayores. No es esto lo que el gobierno del Presidente Ollanta Humala ofrecio al pais. La corrupcion, el entrampamiento de tramites , es el estilo de la empleaditan de ventiicino años, en esa juridiccion.

No de coimas señor, señora, ud no tienen que pagar nada, la atencion es gratuita.

USO DE ARMA EN LEGITIMA DEFENSA

Recientemente en Peru estamos viendo seguido casos de personas que matan, a balazos, en las calles a otras personas, por intentar asaltarlas.

Mucho se dice, mucho se especula sobre lo que es legitima defensa, incluso escuchamos a unos abogadillos brutos hasta lo mas poder, que defienden el derecho de personas que portan armas con licencia, para matar a cualquier delincuente, que intente asaltarles.

Esto es en mi opinion, un gran error, como tambien un desproposito, ya que viola la constitucion politica, que dice que uno de los derechos de la persona, es : a la vida, a la integridad fisica. Nadie puede ser juez y verdugo.

Ud no puede matar a otra persona, acusandola de haberlo atacado.

En la television invitan por supuesto a seudo expertos, payasos, que de uso de armas saben tanto como yo de como se elabora un rico pastel chino.

Provoca risa ver, los expertos que presentan en ATV, PANAMERICANA TELEVISION, FRECUENCIA LATINA y me causa horror, las estupideces que dicen sus lectores de noticias, en los noticieros nocturnos, que sin que se les sonroje el rostro de verguenza, defienden a capa y espada el derecho a matar, en legitima defensa.

Para estos seudo periodistas, seudo profesionales, ignorantes supremos de lo que es la legitima defensa y como debe usarse un arma, escribo este articulo y desde ya agradezco los insultos, las burlas, los calificativos.

Recientemente en Lima, estamos viendo seguido casos de foristas de TDP, que matan a personas en las calles, alegando la legiitima defensa

Hemos visto el caso de un estudiante, mocoso, que iba por el centro de Lima y que se metio en un pleito ajeno y termino siendo perseguido por dos delincuentes cuchillo en mano, uno de ellos fue muerto, por este estudiante.

Tambien vimos otro caso, de un huachiman radicado en norteamerica, que mato dos personas, que segun su dicho, asaltaban a su pareja en Miraflores.

En los dos casos, los delincuentes, fueron muertos, pero en el del estudiante, murio uno.

El estudiante le disparo al corazon, lo mato y punto.

Analisis del Caso del estudiante:


1.- ¿Era necesario matar al individuo, indefenso? No.

Los neofitos en uso de armas cortas, los brabucones, los matones, creen que tener un arma con licencia, es una autorizacion para matar. pero no es asi.


Ni en legitima defensa deberia matarse a nadie. El arma corta en manos de un experto, sirve para disuadir al oponente y da los mismos resultados: "detener la agresion".

No era necesario matar, con saña y alevosia, menos cuando a ud no lo han atacado. Este señor, se compro un pleito ajeno, por eso es que los delincuentes, si es que lo eran, lo atacaron: "por metiche".

Ocurre que los matones de tiro defensivo peru, creen que tener una licencia de uso y posesion de arma, pertenecer a un foro atorrante, sin autorizacion, ni permiso del Ministerio de Interior de Peru, les da el derecho, al tiro defensivo, pero no es asi.


Cuando hacen uso de sus armas, de manera estupida, irresponsable, timorata, como un cobarde frente al peligro, lo unico que hacen es disparar a matar.


2.- ¿Como actua un hombre de armas, bien capacitado?


Un hombre de armas, no un imbecil, como es el caso de este estudiante metiche, compra pleitos, no dispara jamas a matar.

Valgame Dios, ¿donde estamos? ¿en el lejano oeste?

No señor.

a.- Se dispara tiros de advertencia primero, por lo menos dos tiros, que provocan panico en el atacante y que por lo general lo disuade, lo hace retroceder.

b.- Se dispara, en las extremidades, en el hombro, la cadera, rodillas, donde se provoca menos daño, evitando asi matar a un ser humano, que por mas delincuente que sea, es una vida preciosa, que un pobre infeliz, maton, no puede cegar impunemente.


Pudo este estudiante, neofito en armas cortas, disparar, para supuestamente defenderse, para herir a su atacante y asi detener la agresion. Pero como es un cobartde, se puso en la disyuntiva de un homosexual con arma frente al peligro: " "Tengo que disparar a matar, porque sino el me mata".


Por eso ya lo hemos dicho, innumerables veces: " una marica no debe portar armas, menos ser presidente de un foro de armas, es un pesimo ejemplo, es un mal precedente, no educa, sino mas bien desorienta al publico usuario.

3.- ¿Cual es la preparacion sicologica de un hombre de armas?


a.- Es estar siempre consciente de que no tienen una licencia para matar, solo para portar el arma.

b.- Serenidad frente al peligro, sabiendo que si es atacado, debe disuadir al atacante, no matarlo.

c,. Reaccion inmediata, controlada, ajustada a la ley, con respeto a la vida.

Una reaccion controlada es rapida, inmediata, pero sin sobrepasar los limites de lo racional, que es respetar la vida de los seres humanos.

El hombre que no respeta la vida, la ley, la integridad fisica de las personas, debe estar en la carcel, es un animal irracional, un asesino, un sicopata amatonado.

Ahora el sobrinisimo de Mariano Hannibal Yekyll, de TDP, nos dice en la TV, luego de la absurda liberacion, que:
NO COMPREMOS ARMAS, NO LAS USEMOS....

Que tarde mi querido tarado, que tarde, te das cuenta de algo que predicamos en este sitio web, de alerta y de concientizacion, hace años.

PEDRO ALEJANDRO REYES RAMOS
INSTRUCTOR EN ARMAS CORTAS
DICSCAMEC
MINISTERIO DE INTERIOR DE PERU
www.actiweb.es/alvisegperu

Sonria y sea feliz.