Alejandro Toledo seguirá detenido en Estados Unidos por peligro de intento de fuga
Juez considera que existe peligro de fuga porque le encontraron una maleta con fuerte suma de dinero al momento de su detención
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19 de Julio del 2019 - 15:28 » Textos: Redacción Multimedia
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Hoy se realizó la audiencia de fianza contra el expresidente Alejandro Toledo. Sin embargo, la Corte del Distrito del Norte de California de Estados Unidos ordenó que el exmandatario siga detenido mientras termina su proceso de extradición por el caso Odebrecht. Como se recuerda, Alejandro Toledo fue detenido en su vivienda de San Francisco, el último martes.
Sin cámaras fotográficas
La
seguridad y protocolo de justicia de Estados Unidos impide que ingresen
cámaras fotográficas o de video a las audiencias, por lo que muchas
personas de las prensa se quedaron afuera. Sin embargo, dibujos
realizados muestran cómo fue la audiencia de fianza del exmandatario.
Los dibujos revelan que Alejandro Toledo está con un uniforme rojo, el cual es usado para detenidos de alta peligrosidad.
Motivos para que siga detenido
Durante la audiencia, el juez Thomas S. Hixson decidió que el exmandatario siga detenido, esto debido a un peligro de fuga, cuya intención se muestra por el hallazgo de una maleta con 40 mil dólares al momento de su detención.
Entre
otros de las causas para que se ordenara su permanencia en el
reclusorio figuran: no hay especificación sobre su trabajo en Estados
Unidos y no existe información sobre su hija. Así como porque Toledo
Manrique ha tenido muchos viajes fuera del Perú y tiene muchos contactos
políticos tanto en Brasil como en Israel.
Asimismo, la fiscal federal LaPunzina, expresó que "(Alejandro) Toledo no ha probado que cumple con las condiciones especiales para salir bajo fianza.
Es un fugitivo con riesgo de fuga, y debe seguir detenido. No ha
viajado en estos años justamente por el temor a la orden de arresto en
su contra", fue lo que dijo durante la audiencia y lo reveló la periodista Liliana Michelena a través de Twitter.
Toledo sin abogado
El abogado Joseph P. Russoniello quien estuvo presente en la audiencia de este viernes, decidió que no continuará defendiendo al exjefe de Estado,
por ello, otro letrado de oficio asumirá su defensa. Sin embargo, el
fiscal y coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela indicó
que el exmandatario deberá demostrar que no tiene la solvencia económica
para que la justicia le asigne una abogado de oficio.
Las
autoridades judiciales programaron una audiencia para el próximo 26 de
julio para que se decida en cuál prisión será recluido.
Alejandro Toledo seguirá detenido en una cárcel de Estados Unidos
La defensa de Toledo propuso pagar un millón de dólares como fianza, pero pedido fue negado por el juez Thomas S. Hixson
Alejandro Toledo continuará en prisión.
[ACTUALIZACIÓN]
El juez Thomas S. Hixson, de la Corte Federal de San Francisco, negó el pedido de la defensa de Alejandro Toledo para salir en libertad bajo fianza, y enfrentar el proceso de extradición libre.
De esta manera, el ex presidente continuará en una prisión de Estados Unidos, luego de que el magistrado mostrara su preocupación por el riesgo de fuga de Toledo Manrique.
“Voy a negar la reconsideración, porque Toledo no ha demostrado que
no hay riesgo de fuga”, dijo el juez Thomas S. Hixson durante la
audiencia, según informó nuestro reportero Gino Tassara,
enviado especial de América Noticias.
Durante la audiencia, el exmandatario se encontraba desorbitado,
canoso y demacrado. Toledo Manrique seguirá preso en la cárcel de Santa
Rita bajo estrictas medidas de seguridad, hasta que se defina bajo qué
régimen permanecerá detenido.
El juez estadounidense programó una nueva audiencia para el 17 de octubre, pero para evaluar su estado de salud.
Al finalizar la audiencia, la ex primera dama Eliane Karp
protagonizó un incidente y se mostró muy alterada. Se tiró al piso y
lanzó gritos contra el tribunal, siendo retirada por personal de
seguridad.
[NOTA ORIGINAL]
El juez Thomas S. Hixson, de la Corte Federal de San Francisco, decide hoy jueves 12 de septiembre si acepta el pedido de la defensa de Alejandro Toledo para salir en libertad bajo fianza, y enfrentar el proceso de extradición excarcelado.
El pasado 28 de agosto, el magistrado reprogramó la audiencia para
esta fecha tras indicar que desacuerdos de interpretación sobre la
situación económica del expresidente tenían que ser resueltos.
Hixson también concedió tiempo a la fiscal Elise LaPunzina para presentar alternativas de reclusión para Toledo Manrique, cuya defensa propuso pagar un millón de dólares como fianza.
Según el pedido, dicha fianza se pagaría en efectivo y con
propiedades. Graham Archer, abogado del ex jefe de Estado, manifestó que
su defendido no representa peligro de fuga, asimismo, argumentó que no
tiene pasaporte vigente.
La audiencia se realiza desde las 10:00 a.m. hora de San Francisco
(mediodía en Perú). En caso de que el fallo no sea favorable para
Toledo, su defensa podría solicitar la revisión de su caso a la Novena
Corte de Apelaciones de los Estados Unidos.
Testigo compromete a Martín Vizcarra en aporte del 'Club de la Construcción'
Mandatario
niega haber manejado fondos de Peruanos Por el Kambio y asegura que “no
conoce ni ha visto nunca” a Rodolfo Prialé, sindicado como el supuesto
contacto del grupo empresarial con el partido
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13 de Febrero del 2019 - 08:04 » Textos: Glademir Anaya » Fotos: Alberto Valderrama
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La versión de un aspirante a colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción ha removido los cimientos de nuestra política. Según esta versión, el hoy presidente Martín Vizcarra estuvo presente durante la entrega de 100 mil dólares que realizaron representantes de dicho grupo empresarial al partido Peruanos Por el Kambio durante la segunda vuelta de la campaña presidencial del 2016.
El caso se encuentra en manos del fiscal Germán Juárez, quien investiga a un grupo de empresas que se adjudicaban obras en el Estado gracias al pago de una comisión a diversos funcionarios y aspirantes a cargos públicos.
La declaración que ofreció al fiscal Juárez el aspirante a colaborador eficaz se dio en octubre del 2017, durante dos días consecutivos.
El entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, era una de las autoridades que tenían conocimiento de esa investigación, según pudo conocer Correo.
LOS PRESENTES
La relación entre el Club de la Construcción y el partido ppkausa, según la versión, se dio a través de Rodolfo Prialé de la Peña, personaje que era conocido como el lobista de esas empresas constructoras y que conocía a Martín Vizcarra.
Marcos
Prialé Marquina, director de Personeros de Peruanos Por el Kambio
-según el relato del testigo-, llamó a su primo Rodolfo Prialé a fin de que hable con alguna de las empresas del citado grupo empresarial para que hicieran un aporte a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski.
“Logrando enterarme de que para concretar dicho aporte
hubo una reunión en la casa de PPK en Choquehuanca, en San Isidro,
estando en dicha reunión el señor Martín Vizcarra como jefe de campaña, PPK como presidente del partido y Alfonso Grados como secretario de Economía”, declaró el informante ante la Fiscalía.
En el documento fiscal se detalla que en la reunión también estuvo Eduardo Sánchez Bernal,
representante de la empresa Construcción y Administración Sociedad
Anónima (CASA). Tras un breve diálogo entre todos, se entregó a Alfonso
Grados, en presencia de Vizcarra y Kuczynski, la suma de 100 mil dólares
en un maletín, narró el aspirante a colaborador.
“Pasando una semana, Marcos Prialé se comunica con Prialé de la Peña y le agradece el aporte obtenido”, señaló.
El
citado monto no ha sido consignado por Peruanos Por el Kambio en los
registros de aportes ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE).
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INVESTIGACIÓN
Desde el Congreso, legisladores de diversas bancadas se mostraron a favor de una investigación sobre el caso.
La
fujimorista Rosa Bartra sostuvo que el presidente Martín Vizcarra debe
responder por el presunto aporte de 100 mil dólares que habría recibido
el partido Peruanos Por el Kambio, ya que era jefe de campaña y estuvo
presente en la entrega de ese dinero.
“Tiene que responder por todo aquello que ha conocido y algún hecho en el que ha participado”, expresó.
En
esa línea, la fujimorista agregó que el hecho amerita una pesquisa.
“Hay partidos, como el mío, que han sido investigados y que en este
momento tiene a 2500 personas investigadas y que han metido a prisión
por dichos no corroborados de terceros. Que se investigue por igual a
todos”, señaló.
Días atrás, Víctor
Andrés García Belaunde (AP) presentó una moción para crear una comisión
investigadora sobre los aportes presuntamente ilícitos entregados por el
Club de la Construcción al partido de gobierno.
Al
respecto, Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) manifestó que su
agrupación está a favor de la creación de dicha comisión que investigue
supuestos aportes en las campañas electorales.
“Si nos piden la firma, firmaremos. Si no, apoyaremos con nuestro voto en el pleno del Congreso”, sostuvo.
El
exoficialista calificó de “positivo” que se siga investigando cómo se
han venido dando los financiamientos de las campañas electorales. “Si
queremos una profunda reforma política, tenemos que saber bien qué cosas
queremos cambiar para que no se sigan repitiendo”, sentenció.
Para
Yonhy Lescano, en caso de encontrarse responsabilidad en el presidente
Martín Vizcarra sobre entrega de dinero ilícito, lo adecuado sería que
se busque un mecanismo de vacancia.
VERSIONES
Al
respecto, la expremier Mercedes Aráoz señaló, en entrevista a un medio
local, que Marcos Prialé Marquina fue un colaborador de la campaña y
que aportó de manera personal, mas no a nombre del Club de la
Construcción.
“Martín (Vizcarra) y yo
estábamos en la parte económica, eso es cierto, (también) estábamos en
la dirección política. Él organizaba eventos acá, eventos allá, teníamos
reuniones casi diarias”, declaró a Canal N.
Dijo
además que Prialé le ofreció aportes, pero que no aceptó a pesar de los
pocos ingresos económicos que tenía en ese momento la campaña. “Me daba
la impresión de que buscaba sacarle provecho al Gobierno, no me gustaba
su estilo”, destacó.
Sin embargo, horas después, a través de uno de sus asesores, Mercedes Aráoz rectificó sus declaraciones.
“Quizás
fui imprecisa y no me expresé bien. No me consta si (Marcos Prialé) dio
algo a la campaña, salvo, según me informan, que prestó unas 10
computadores a personeros, pero que fueron devueltas”, dijo a Correo.
Agregó que Prialé fue un colaborador de la campaña presidencial de Kuczynski y no un aportante.
Aráoz,
a través de un comunicado, señaló que apoyará una investigación
imparcial en el Congreso, el Ministerio Público o cualquier otra
instancia fiscalizadora.
Entre tanto,
a través de un carta, Marcos Prialé negó haber participado en una
reunión en la casa de Kuczynski donde se entregó dinero para la campaña
presidencial.
También exhortó a Aráoz a que se rectifique sobre la versión de que habría realizado aportes a Peruanos Por el Kambio.
LO NIEGA
Por
su parte, el presidente Martín Vizcarra dijo que jamás participó en
temas financieros del partido ppkausa. “Nuestra participación ha sido
exclusivamente de carácter político. Eso ya lo hemos dicho y lo
ratificamos”, dijo ayer a su salida de una ceremonia en el Ministerio
de Cultura.
Desde Palacio de
Gobierno, indicaron a este medio que el jefe de Estado “no conoce ni ha
visto nunca a Rodolfo Prialé” y que no ha participado en reuniones con
dichas personas, y que jamás trató con ellas “temas de dinero”.
ATACAN
Desde la tienda partidaria ppkausa, su secretario general, Salvador
Heresi, señaló que el aporte que habría dado una empresa del Club de la
Construcción nunca ingresó a las cuentas del partido oficialista.
“Implicados
deben explicar qué se hizo con el dinero. Los momentos que vive el Perú
requieren de acciones firmes”, escribió en su red social.
Sobre
la versión de Alfonso Grados de que no ha recibido dinero “en efectivo
de nadie”, Heresi dijo que miente, porque estuvo encargado de manejar la
parte financiera.
“No sean
cobardes y asuman su responsabilidad en denuncia del colaborador eficaz.
¿Quién recibió el dinero del Club de la Construcción? ¿En qué se
gasto?”, se preguntó.
Luego dijo que
si aporte a Club de la Construcción proviene de una defraudación
tributaria, lamentó que los implicados estén ante un grave delito de
lavado de activos.
En tanto, su
colega Gilbert Violeta exhortó a la Fiscalía a que haga una “exhaustiva
investigación” y dijo que no permitirá que se manche el nombre del
partido Peruanos por el Kambio.
A
través de un comunicado, la citada agrupación política se mostró a favor
de una comisión investigadora por los aportes que dio el Club de la
Construcción.
Una posición similar
mostró el Comité Ejecutivo del APRA, que exhortó a la Fiscalía a que
actúe de oficio y realice las investigaciones correspondientes con la
misma severidad y velocidad que ha actuado con otras organizaciones.
Dijo
además que Prialé le ofreció aportes, pero que no aceptó a pesar de los
pocos ingresos económicos que tenía en ese momento la campaña. “Me daba
la impresión de que buscaba sacarle provecho al Gobierno, no me gustaba
su estilo”, destacó.
Sin embargo, horas después, a través de uno de sus asesores, Mercedes Aráoz rectificó sus declaraciones.
“Quizás
fui imprecisa y no me expresé bien. No me consta si (Marcos Prialé) dio
algo a la campaña, salvo, según me informan, que prestó unas 10
computadores a personeros, pero que fueron devueltas”, dijo a Correo.
Agregó que Prialé fue un colaborador de la campaña presidencial de Kuczynski y no un aportante.
Aráoz,
a través de un comunicado, señaló que apoyará una investigación
imparcial en el Congreso, el Ministerio Público o cualquier otra
instancia fiscalizadora.
Entre tanto,
a través de un carta, Marcos Prialé negó haber participado en una
reunión en la casa de Kuczynski donde se entregó dinero para la campaña
presidencial.
También exhortó a Aráoz a que se rectifique sobre la versión de que habría realizado aportes a Peruanos Por el Kambio.
LO NIEGA
Por
su parte, el presidente Martín Vizcarra dijo que jamás participó en
temas financieros del partido ppkausa. “Nuestra participación ha sido
exclusivamente de carácter político. Eso ya lo hemos dicho y lo
ratificamos”, dijo ayer a su salida de una ceremonia en el Ministerio
de Cultura.
Desde Palacio de
Gobierno, indicaron a este medio que el jefe de Estado “no conoce ni ha
visto nunca a Rodolfo Prialé” y que no ha participado en reuniones con
dichas personas, y que jamás trató con ellas “temas de dinero”.
ATACAN
Desde la tienda partidaria ppkausa, su secretario general, Salvador
Heresi, señaló que el aporte que habría dado una empresa del Club de la
Construcción nunca ingresó a las cuentas del partido oficialista.
“Implicados
deben explicar qué se hizo con el dinero. Los momentos que vive el Perú
requieren de acciones firmes”, escribió en su red social.
Sobre
la versión de Alfonso Grados de que no ha recibido dinero “en efectivo
de nadie”, Heresi dijo que miente, porque estuvo encargado de manejar la
parte financiera.
“No sean
cobardes y asuman su responsabilidad en denuncia del colaborador eficaz.
¿Quién recibió el dinero del Club de la Construcción? ¿En qué se
gasto?”, se preguntó.
Luego dijo que
si aporte a Club de la Construcción proviene de una defraudación
tributaria, lamentó que los implicados estén ante un grave delito de
lavado de activos.
En tanto, su
colega Gilbert Violeta exhortó a la Fiscalía a que haga una “exhaustiva
investigación” y dijo que no permitirá que se manche el nombre del
partido Peruanos por el Kambio.
A
través de un comunicado, la citada agrupación política se mostró a favor
de una comisión investigadora por los aportes que dio el Club de la
Construcción.
Una posición similar
mostró el Comité Ejecutivo del APRA, que exhortó a la Fiscalía a que
actúe de oficio y realice las investigaciones correspondientes con la
misma severidad y velocidad que ha actuado con otras organizaciones.
Fuentes del entorno del exfuncionario dicen que la entonces viceministra
de Transportes le hizo propuesta a cambio de no objetar adenda de
Chinchero. La construcción del Aeropuerto Internacional
de Chinchero en el Cusco (AIC) fue un dolor de cabeza para Pedro Pablo
Kuczynski (PPK) y lo sigue siendo para el gobierno del presidente Martín
Vizcarra. Más aún ahora que EXPRESO tuvo acceso a la información de que
existió un ofrecimiento de dinero, de parte del Ejecutivo, para que la
Contraloría General de la República le diera el visto bueno al
cuestionado proyecto. Una fuente de la Contraloría muy cercana al
entonces contralor Édgar Alarcón nos reveló que días antes de que se
emitiera el informe del ente fiscalizador sobre la adenda efectuada al
contrato del Aeropuerto de Chinchero, la entonces viceministra Fiorella
Molinelli le ofreció dos millones de soles a Alarcón para que no
encuentre hechos irregulares en la referida adenda. La fuente del
entorno íntimo de Alarcón contó que los primeros días de abril de 2017,
la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, y el
ministro de Transportes, Martín Vizcarra, así como el en ese momento
contralor de la República, Édgar Alarcón, coincidieron como expositores
de un evento efectuado por AFIN, asociación gremial que agrupa a las
principales empresas concesionarias de infraestructura de servicios
públicos, el cual fue realizado en el Swissotel. En ese evento, Édgar
Alarcón fue ubicado en la primera fila y al lado de Fiorella Molinelli,
quien a su vez se encontraba al costado del hoy mandatario Martín
Vizcarra. En dicha actividad, también estaban presentes
ministros, viceministros y autoridades de la época. Cuando le tocó
exponer a Vizcarra y muy convenientemente Fiorella Molinelli se quedó a
solas con Alarcón, es que la entonces viceministra le hizo la propuesta,
según la fuente. “Édgar, ¿cómo va la auditoría de Chinchero? Ya van a
salir los resultados, nos tienes que dar la mano, hay para ti una bolsa
de dos millones de soles”, dijo Molinelli, según la fuente a quien el
entonces contralor le narró esos hechos. La respuesta de Alarcón,
de acuerdo con el informante, fue: “Fiorella, voy a hacer como si no te
hubiese escuchado porque yo tengo que respetar el trabajo de los
auditores”. No contenta, la mano derecha del exministro de Transportes
le dijo al contralor que así como lo veía a Martín Vizcarra, él iba a
ser el presidente del Perú, porque el mandatario Pedro Pablo Kuczynski
estaba muy enfermo, esto en referencia a una sucesión presidencial. “Así
como lo ves a Martín hablando, así como lo ves vestido, es una persona
sencilla y él va a ser el presidente porque PPK se va a morir, porque
está enfermo”, habría señalado Molinelli. Y le dijo más: “Imagina,
tenemos cinco años por delante para hacer muchas cosas”, según narró la
fuente. La respuesta del entonces contralor fue la misma, es decir que
su posición siempre iba a ser la de respetar el resultado al que arriben
sus auditores. Luego de ello Fiorella Molinelli no insistió. Minutos
después, le tocó el turno de exponer a Édgar Alarcón y no se habló más
del asunto, al menos con él. VISITAS A CONTRALORÍA De
acuerdo a lo comentado por la fuente, para nadie era un secreto en la
Contraloría General de la República que existía un interés exagerado de
parte del Ministerio de Transportes para que el proyecto de la
construcción del Aeropuerto de Chinchero se efectuara a cualquier costo.
El informante también comentó que Molinelli visitó a Alarcón hasta en
cinco oportunidades durante los tres meses que duró la auditoría, y
junto con sus técnicos trató de convencerlo de todas las bondades del
proyecto. “Y cuando se conversaba con Martín Vizcarra, él siempre
señalaba que Molinelli era una persona de su total confianza”, recordó.
Es más, agregó, Alarcón le contó que el argumento de ella, como de los
demás ministros que posteriormente fueron los protagonistas de un audio
hecho público, era que de ese proyecto dependía que las inversiones
crezcan en el país. LLAMADA El informante rememoró que
fue pública la llamada que el entonces titular del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala, le hizo a Édgar Alarcón para preguntarle cuál era el
resultado del informe de la auditoria de la adenda del Aeropuerto de
Chinchero, a lo que le respondió que lo único que podía decirle es que
existían resultados de tipo penal. Como se sabe, antes de la
presentación de dicho informe, el entonces ministro de Transportes,
Martín Vizcarra, renunció al cargo tras dejar sin efecto el contrato
suscrito con un consorcio argentino-peruano Andino Investment Holding
(AIH) para la construcción del nuevo aeropuerto internacional del Cusco.
“El día de hoy he presentado mi renuncia”, comunicó Vizcarra a los
periodistas en una presentación en el Palacio de Gobierno, en la que
estuvo acompañado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. En
ese momento dijo que dejaba “esa responsabilidad a otra persona” que sea
de la confianza del gobernante y aseguró que había trabajado “estos
casi 10 meses con mucha responsabilidad, entrega y principalmente con
honestidad”. INTERESES Al consultarle al informante
cuáles fueron los verdaderos motivos de que se haya observado la adenda
del Aeropuerto Internacional de Chinchero, contestó que esencialmente se
cambiaron las condiciones de competencia que tenía el contrato inicial.
“Como no se le pudo favorecer a Andina Investment con esa adenda y la
resolución del contrato ha sido una decisión del Ministerio de
Transportes, es decir, del Ejecutivo, con lo que se ha puesto al país en
condiciones peligrosas para la economía”, dijo. Cabe recordar que el 21
de junio de 2018, AIH informó que Kuntur Wasi, consorcio que ganó la
buena pro del aeropuerto de Chinchero en el 2014 y del cual forma parte
junto a Corporación América, presentó una solicitud arbitral contra el
Estado Peruano ante el Ciadi por la resolución del contrato de concesión
del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, de acuerdo con un
hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV). “Con fecha 13 de julio de 2017, el Estado pretendió
terminar el contrato unilateralmente amparándose en la causal de interés
nacional, la misma que al no haber sido fundamentada conforme a lo
establecido en el contrato, no surtió efectos jurídicos. Pese a la
intención del Estado de terminar el contrato, el mismo se mantuvo
vigente”, informó el consorcio el 7 de febrero de 2018 en un comunicado. RECOMENDACIÓN ADMINISTRATIVA El
9 de septiembre de 2018, el ex contralor general Édgar Alarcón afirmó
que para sacar adelante la construcción del aeropuerto de Chinchero, en
el Cusco, el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, le pidió
una “recomendación administrativa”. “Martín Vizcarra me pidió una
recomendación administrativa para sacar adelante Chinchero. Yo me negué y
[Alfredo] Thorne [exministro de Economía] se molestó“, dijo el
exfuncionario a un canal de televisión. Alarcón narró que a la primera
reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue convocado
por el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala. “Me
llevó a una sala más pequeña donde estaban Thorne y Vizcarra. No sabía
qué me iba a reunir con ellos”, expresó. Refirió que Thorne quiso
condicionar los resultados del informe de la adenda de Chinchero y que
luego de esa reunión, Zavala lo llamó en varias oportunidades. “Me
sentía presionado y condicionado de que si Chinchero no salía, era
perjudicial para el país”, enfatizó. “Zavala me llamó por teléfono
varias veces. A tanta insistencia, le dije que el informe tenía
responsabilidad penal”, dijo al mencionar que entre los principales
implicados se encontraban la entonces viceministra de Transportes,
Fiorella Molinelli, y el propio Vizcarra. Según el informe que Alarcón
presentó cuando estaba a cargo de la Contraloría General de la
República, se encuentra acreditado que Vizcarra emitió una resolución
suprema para la firma de una adenda que era lesiva al Estado peruano.
“Los implicados son Fiorella Molinelli y nueve implicados más (…). La
más insistente con el tema de Chinchero era Fiorella Molinelli, ella era
la que lideraba este grupo operativo que tenía mucho interés en que se
firme este contrato”, señaló Alarcón al asegurar que hubo una
“estructura” para sacarlo del cargo de contralor. De acuerdo al informe
que mostró Alarcón, en la relación de funcionarios involucrados en los
hechos está Martín Vizcarra. “Su participación está acreditada
debido a que se aprobó a través de resolución ministerial el contrato de
concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y
mantenimiento del nuevo aeropuerto, el mismo que se firmó incumpliendo
la norma aplicable en el APP, modificándose las condiciones de
competencias que se utilizaron en el proceso de promoción que llevaron
la firma de dicho contrato”, indica el informe.
Transportes, Martín Vizcarra, le pidió una “recomendación
administrativa”. “Martín Vizcarra me pidió una recomendación
administrativa para sacar adelante Chinchero. Yo me negué y [Alfredo]
Thorne [exministro de Economía] se molestó“, dijo el exfuncionario a un
canal de televisión. Alarcón narró que a la primera reunión en la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue convocado por el entonces
jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala. “Me llevó a una
sala más pequeña donde estaban Thorne y Vizcarra. No sabía qué me iba a
reunir con ellos”, expresó. Refirió que Thorne quiso condicionar los
resultados del informe de la adenda de Chinchero y que luego de esa
reunión, Zavala lo llamó en varias oportunidades. “Me sentía presionado y
condicionado de que si Chinchero no salía, era perjudicial para el
país”, enfatizó. “Zavala me llamó por teléfono varias veces. A
tanta insistencia, le dije que el informe tenía responsabilidad penal”,
dijo al mencionar que entre los principales implicados se encontraban la
entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, y el propio
Vizcarra. Según el informe que Alarcón presentó cuando estaba a cargo de
la Contraloría General de la República, se encuentra acreditado que
Vizcarra emitió una resolución suprema para la firma de una adenda que
era lesiva al Estado peruano. “Los implicados son Fiorella
Molinelli y nueve implicados más (…). La más insistente con el tema de
Chinchero era Fiorella Molinelli, ella era la que lideraba este grupo
operativo que tenía mucho interés en que se firme este contrato”, señaló
Alarcón al asegurar que hubo una “estructura” para sacarlo del cargo de
contralor. De acuerdo al informe que mostró Alarcón, en la relación de
funcionarios involucrados en los hechos está Martín Vizcarra. “Su
participación está acreditada debido a que se aprobó a través de
resolución ministerial el contrato de concesión para el diseño,
financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo
aeropuerto, el mismo que se firmó incumpliendo la norma aplicable en el
APP, modificándose las condiciones de competencias que se utilizaron en
el proceso de promoción que llevaron la firma de dicho contrato”, indica
el informe.
LOS INVESTIGADOS Los investigados por la fiscal Zoila
Sueno sobre la Adenda N° 01 al Contrato del Concesión del nuevo
Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, son: Fiorella Molinelli
Aristondo, Yaco Paul Rosas Romero, Gianina Beoutis Manrique, Hernán Omar
Muñoz Valdivia y Camilo Nicanor Carrillo Purín en calidad de autores. Y
César Antonio Balbuena Vela, Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, Carlos
Rodolfo Juan Vargas Loret de Mola y José Carlos Balta del Río en calidad
de cómplices primarios del presunto delito contra la Administración
Pública en la modalidad de colusión agravada.
VIZCARRA EN ACCIÓN
“Martín Vizcarra me pidió una
recomendación administrativa para sacar adelante Chinchero. Yo me negué y
[Alfredo] Thorne [exministro de Economía] se molestó “, dijo Édgar
Alarcón en su momento a un canal de televisión.
LE GENERÓ DERECHOS Antes de la adenda y el delito de
colusión, quien se encontraba en una posición de incumplimiento era el
consorcio Kuntur Wasi. El Estado tenía la posibilidad de denunciar por
incumplimiento. Frente a los cuestionamientos, el Estado tuvo que anular
la adenda y le generó derechos a Kuntur Wasi para demandar al Estado
por US$ 8 millones, según Amado Enco.
COLUSIÓN AGRAVADA
El procurador anticorrupción Amado
Enco señaló que la anulación de la adenda de Chinchero sería un elemento
fundamental que demostraría que en la formulación de este contrato,
entre el Estado y el consorcio Kuntur Wasi, los funcionarios que
respaldaron esa suscripción habrían cometido el delito de colusión
agravada.
“La adenda que se firmó entre el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y el consorcio Kuntur Wasi afectaba
seriamente los intereses del Estado, por cuanto el concesionario llegaba
al momento de la adenda en una situación financiera inapropiada. Desde
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones allanaron el camino legal
(…) Eso [la anulación del contrato] es lo que termina por consolidar la
presunción de un delito de colusión agravada, porque antes de la adenda,
quien se encontraba en una posición de incumplimiento era el consorcio,
por lo tanto, el Estado tenía la posibilidad de demandar el
incumplimiento de ese contrato”, indicó en un medio local.
Además,
Enco resaltó que a diferencia de la denuncia que presentó él en marzo
de 2017, con la investigación de la fiscal actual, hay dos elementos
nuevos que tienen mayor relevancia en este caso, los cuales son el pago
del consorcio Kuntur Wasi a una ONG de Pedro Pablo Kuczynski, así como
las respuestas al pliego interpelatorio que había preparado el Congreso
para el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra.
La
quieren archivar ya. Desde el inicio de la legislatura, Fuerza Popular y
sus aliados planearon rechazar nuevos comicios generales. Pretenden
imponer sus votos para que la reforma se archive en la Comisión de
Constitución y no pase al Pleno. Por eso, las bancadas que apoyan esta
reforma y el presidente Vizcarra se reunirán mañana para buscar
soluciones, entre ellas, una posible cuestión de confianza.
El 5 de agosto, luego de que el presidente Martín Vizcarra envió al Congreso el
proyecto de ley 4637, referido al adelanto de elecciones para el 2020,
los voceros de Fuerza Popular y el premier Salvador del Solar se
reunieron para conversar sobre dicha reforma constitucional. El jefe de
la PCM argumentó la iniciativa del Ejecutivo por dos
horas. Luz Salgado, Milagros Takayama, Carlos Tubino, Rosa Bartra y
Octavio Salazar lo escucharon y, acabada la exposición, se retiraron de
la sala Jorge Basadre del Palacio Legislativo en silencio. Abordado por La República, Tubino respondió entonces que su grupo no iba a pronunciarse: “Nuestra posición se conocerá cuando comience el debate”.
Para esa fecha, los candidatos para dirigir la Comisión de Constitución eran Milagros Takayama, Luz Salgado, Mario Mantilla y Rosa Bartra.
Previamente, la bancada naranja había elegido al exoficialista Pedro Olaechea de presidente del Congreso.
Como explicó el analista político Eduardo Ballón, esta elección se
debió a la cercanía que tiene el exoficialista con los sectores
conservadores y el empresariado.
Pero a partir de la presentación del PL 4637, Fuerza Popular optó por elegir a un presidente de la Comisión de Constitución que junto con Olaechea demoren la discusión de esta reforma.
Por
eso, el 13 de agosto, la cúpula naranja reeligió a Bartra y designó a Yeni Vilcatoma como secretaria general. De los 19 integrantes de
Constitución, FP tiene nueve miembros. Más los votos del Apra, Contigo y Acción Republicana, la estrategia comenzó a tomar forma contra las nuevas elecciones: dilatar la discusión y encarpetarla.
El 20 de agosto, Constitución se instaló. Los legisladores Yonhy Lescano (Acción Popular), Gino Costa (Bancada Liberal) y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) demandaron a Bartra declararse
en sesión permanente. La solicitud se basó en que el PL 4637 disponía
que en setiembre el Legislativo apruebe el adelanto de elecciones y
luego el jefe de Estado convoque a referéndum; en noviembre se
realizaría la consulta popular; en diciembre Vizcarra llamaría
a comicios y estos se celebrarían la tercera semana de abril del
próximo año. Sin embargo, Bartra no hizo caso. El Parlamento, dos días
después, se fue a semana de representación. Y agosto se perdió sin
aprobar nada.
Ante la lentitud, el 23 de agosto el presidente Vizcarra recalcó,
en entrevista a Hildebrandt en sus Trece, que su proyecto de ley debe
ser aprobado a más tardar en setiembre: “Y si no fuera el caso,
tendremos que usar, como siempre hemos dicho, todas las posibilidades
que nos da la Constitución”. Y en ese bagaje de facultades no descartó
la cuestión de confianza.
Olaechea respondió
proponiendo un diálogo al mandatario. Pareció que buscaba un consenso.
Pero, sin hacerlo público, había recurrido a instancias internacionales
para desacreditar la reforma de Vizcarra.
El exministro
de Producción envió el 15 de agosto una solicitud de opinión al
presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, acerca de la
constitucionalidad del PL 4637 y una eventual moción de confianza.
No era la primera vez que el Congreso apelaba a la Comisión de Venecia
–órgano consultivo del Consejo de Europa que no tiene opinión
vinculante en estos casos–. Por la reforma política, Bartra también
había solicitado una opinión en junio, aquella vez sin éxito. El 30 de
agosto, Buquicchio respondió que su comisión emitirá una opinión entre
el 11 y 12 de octubre.
Pese al intento de obstrucción,
Vizcarra recibió a Olaechea en Palacio el martes 3 de setiembre. El
presidente del Congreso, luego de dos horas de conversación, comunicó
que coincidió con el mandatario en priorizar el adelanto de elecciones.
Se sacaron la careta
Pero al día siguiente eso quedó en palabras. El premier Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, asistieron a Constitución a sustentar el PL 4637. Y ahí se cumplió lo anunciado por Tubino: se conoció la postura real del fujimorismo.
El resultado fue fatal. Con las intervenciones se comprobó lo advertido
por este diario: no hay los votos suficientes para que el adelanto de
elecciones reciba luz verde. Ni siquiera hay el respaldo para que vaya
al Pleno: 10 votos en contra, siete a favor y una abstención en una
eventual votación de un dictamen.
Miguel
Torres, Alejandra Aramayo y Vilcatoma, de FP, anunciaron rechazar la
propuesta del gobierno. Mauricio Mulder, del Apra, pidió la renuncia de
Del Solar y Gilbert Violeta, de Contigo, calificó la iniciativa de
“falaz”.
Después de la presentación, Vizcarra consideró que existe una actitud de intimidación contra la propuesta de ley del Ejecutivo.
Respuesta al boicot
Y el jueves la calle respondió: miles de ciudadanos se movilizaron en todo el país a favor del adelanto de elecciones. “¡Que se vayan todos!”, expresaron.
Mientras
la población marchaba exigiendo un nuevo proceso electoral, Bartra,
ante Canal N, insistió en que su comisión tiene 30 días hábiles para
dictaminar esta reforma constitucional. Eso significa que un dictamen
del PL 4637 no estaría listo en setiembre.
Ante esas declaraciones, que ratifican que habrá demora en la Comisión de Constitución, falta de votos e intento de dilatar el debate con la consulta a la Comisión de Venecia, los voceros de PPK, Bancada Liberal, Nuevo Perú y Unidos por la República solicitaron una reunión con el presidente Vizcarra.
“No
se ve a FP con intenciones de encaminar la reforma del Ejecutivo. Vamos
a darle nuestro respaldo y escuchar qué propuesta tiene en caso el
proyecto sea archivado por la fuerza mayoritaria”, expresó el vocero
oficialista, Clemente Flores.
Del mismo modo, la vocera
de Nuevo Perú, Indira Huilca, advirtió que el fujimorismo no aprobará
nada hasta octubre, mes en que se pronunciará la Comisión de Venecia.
El
diálogo de mañana apunta, agregó, a analizar escenarios. “Es un
mecanismo constitucional. No hay controversia jurídica”, respondió
Huilca cuando se le consultó si discutirán pedirle al presidente que
formule una moción de confianza.
Mañana a las 11 a.m. estas bancadas se reunirán con Vizcarra en Palacio de Gobierno.
El
futuro escenario, a estas alturas, es concreto, según fuentes del
Congreso: el PL 4637 será archivado en Constitución. Las posiciones ya
están claras. Solo falta la respuesta del presidente Vizcarra.
Presidente del TC sobre caso de Keiko Fujimori: "No vamos a aceptar presiones"
Ernesto
Blume, titular del Tribunal Constitucional, aseguró que no es necesario
que se resuelva la casación de Keiko Fujimori en la Corte Suprema para
que el TC se pronuncie.
Keiko Fujimori cumple prisión preventiva desde noviembre de 2018. Foto: La República.
La República
13 jul. 2019 | 16:53h
El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume,
aseguró este viernes que el tribunal que preside no cederá a presiones
de cualquier índole en el caso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Por el contrario, Blume enfatizó que el TC revisará el hábeas corpus que interpuso la hermana menor de la lideresa fujimorista, Sachie Fujimori, “con autonomía e independencia”.
El pasado 4 de julio, la hija menor de Alberto Fujimori presentó al Tribunal Constitucional un recurso para buscar anular la prisión preventiva que pesa contra la excandidata fujimorista.
Según explicó Blume,
“una vez que el expediente, después de los trámites correspondientes,
llega al Pleno, el Pleno señala fecha para la vista de la causa, escucha
a las partes y se resuelve”.
Sin embargo, el titular del Tribunal Constitucional sostuvo que la carga procesal que lleva el TC impide señalar una fecha exacta para la vista del recurso.
“Cuando
ingresa un expediente, ese expediente tiene un trámite interno cuyo
detalles no puedo revelar porque está sujeto a reserva. Oportunamente,
si es que los magistrados consideramos que el tema debe pasar a
conocimiento del Pleno, se dará el trámite respectivo”, aseguró Blume.
Por otro lado, el magistrado aseguró que el Tribunal Constitucional no está sujeta a esperar que la Corte Suprema resuelva la casación de Keiko Fujimori que tiene pendiente.
“El
tribunal, cuando conoce de un trámite, tiene que seguir ese trámite. No
hay la figura de que suspende el trámite a los efectos de que llegue
una decisión ulterior”, aclaró.
En tanto a la resolución del caso, Blume aseguró que el TC no aceptará ningún tipo de presión.
"A
nosotros, y a mí en particular, cada vez que hay casos de
trascendencia, me pintan de que yo estoy en un lado o en otro. A mí en
lo particular me tiene sin cuidado. Yo soy un profesional independiente,
autónomo, no estoy ligado a ninguna fuerza política y voy a resolver de
acuerdo a la Constitución y a lo que manda mi consciencia. Igual en todos y cada uno de mis colegas”, aseguró Blume.
Casación en agosto
Ayer, el juez supremo César San Martín, señaló que la decisión sobre el caso de Keiko Fujimori en la Corte Suprema
se debería conocer en poco más de un mes, es decir en agosto próximo,
pues la Sala Penal Permanente podrá pronunciarse antes de que emita sus
conclusiones del próximo pleno jurisdiccional en el que se tocará el
tema de la prisión preventiva.
“No hay por qué
esperar al pronunciamiento. El marco jurídico no determina eso. Cada
sala decidirá qué es lo más razonable para resolver sus casos, pero
cuando se trata de la libertad de la persona un proceso debe resolverse
lo más rápido posible”, sostuvo el juez San Martín al diario Perú 21.
Keiko Fujimori, vale recordar, quien cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva por la comisión del presunto delito de lavado de activos.